EN LA CUEVA
DEL LOBO AND DIFERENTES FUENTES
CDMEX .-
4-11-2019.- Revisando a la Cuenta
Pública 2018 del Estado de México, llevadas a cabo por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), se detectaron irregularidades por 1,800 millones de pesos.
El gobierno de Alfredo del Mazo Maza, podría ser acusado por daños al erario
público de su entidad. Cuatro dependencias estatales y siete universidades han
sido señaladas por el máximo órgano contralor de la nación. Esto es adicional a
otras irregularidades detectadas en las entidades durante el gobierno de Peña
Nieto
“Le pueden
dar atole con el dedo al Mazo”
Las causas
que enumera la ASF que son consideradas en perjuicio del patrimonio mexiquense
son: inobservancias de ley, falta de transparencia, no comprobación o
integración de recursos e intereses financieros, obras pagadas y no ejecutadas
o de calidad deficientes, falta de cobro de penas convencionales a contratistas
y contrataciones sin justificación alguna.
Adicional a
los daños comprobables al erario, la ASF encontró que el gobierno de Del Mazo
no ejerció 320.6 millones de pesos que debieron de haber sido utilizadosdurante
el primer trimestre de 2019 o de lo contrario se generarían impactos negativos
en las responsabilidades y objetivos del gobierno. La Auditoría determinó que
el gobierno «no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos».
La Ley
General de Responsabilidades Administrativas señala que el gobernador del
Estado de México es el responsable de las irregularidades que ocurran durante
su mandato y tiene la obligación de garantizar que existan las condiciones y
normatividad adecuadas para el correcto funcionamiento de la administración así
como un actuar ético y responsable de los funcionarios que la operan. De igual
manera, la misma ley indica que igualmente el gobernador será responsable de
encubrimiento si llegara a saber de faltas u omisiones administrativas y opera
para ocultarlas.
Estas
acusaciones se dan en un momento en que Del Mazo es señalado por los medios por
haber omitido durante su declaración patrimonial, una cuenta bancariacon más de
1.5 millones de euros en el principado de Andorra, un paraíso fiscal que para
el momento de la apertura de la cuenta permitía el secreto bancario. El
gobernador del Estado de México asegura que la cuenta en el país europeo es
legal y no incurre en una legalidad por tenerla, sin embargo, no ha comprobado
el origen de los recursos en ella.
Irregularidades
en Universidades del Edomex
La ASF
indicó que siete universidades recibieron aproximadamente 128 millones de pesos
del Fondo de Aportaciones Múltiples. Esto representa el 7.5% de todo lo
invertido a través de este fondo a nivel nacional por la Federación para la
implementación de asistencia social y obras de infraestructura educativa en los
diversos planteles.
Las
auditorías hallaron que el 55% del dinero de este fondo fue pagado a los ejecutores
del recurso a través de medios distintos al electrónico y a través de cuentas
de banco no específicas para ejercitar recursos del FAM. Estas acciones
derivaron en un inadecuado registro de las transacciones.
Las
universidades e instituciones envueltas en las irregularidades son: Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM); Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
(UNEVE); Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT); Universidad
Intercultural del Estado de México (UIEM); Universidad Mexiquense del
Bicentenario (UMB); Universidad Politécnica de Atlautla (UPA) y la Universidad
Tecnológica de Zinacantepec (UTZIN). Asimismo, se suman órganos relacionados a
la educación como el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física
Educativa (IMIFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México (DIFEM).
En los casos
específicos de la UAEM y la UNEVT la ASF encontró inconsistencias en el
reintegro de recursos por 7.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), pues se devolvieron sin los intereses correspondientes que por ley se
deben de pagar. De igual manera en la UNEVE, UNEVT, UIEM, UMB, UPA y UTZIN se
encontraron irregularidades como ausencia de auxiliares contables de los
ingresos y archivos XML de las facturas; falta de registros contables y
presupuestales de cuentas bancarias; falta de pólizas contables de los recursos
recibidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, entre otras.
Como era de
esperarse, también hubieron irregularidades en el manejo de recursos del FAM en
la Secretaría de Finanzas y el DIFEM. En el caso del primero se transfirieron
los recursos a los ejecutores con 60 días de retraso y 1.6 millones no fueron
reintegrados, ni los intereses generados por las cuentas bancarias en las que
fueron almacenados los recursos. El DIFEM por su parte, otorgó prórrogas
indebidas de entre 64 y 76 días naturales a contratistas después de las fechas
establecidas en los contratos para la compra de equipo de rehabilitación; así
como inconsistencias en modelo, marca y número de serie con lo facturado y
registro; no hubieron documentos acreditatorios del patrimonio, número de
inventario y resguardo para estos.
La ASF
igualmente encontró en 15 obras de infraestructura realizadas con el FAM, que
fueron entregadas para su realización a través de adjudicaciones directas «por
excepción»; sin que hubiera alguna razón de por medio que justifique esta
modalidad. El estado supuestamente debe de garantizar las condiciones adecuadas
para la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e
imparcialidad, pero no fue este el caso.
Un gobierno
plagado de irregularidades
Entre los
casos más recientes que se ha visto implicado el gobierno de Del Mazo
adicionalmente a las irregularidades en el FAS, son las del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Las
irregularidades ascienden a los 10 mil millones de pesos en el caso del FASSA y
los 6.2 mil millones en el caso del FAFEF. La ASF estima daños por 563 millones
413 mil 147.71 pesos sumados en ambos casos, es decir, el 4% de todos los
recursos invertidos.
El caso más
grave se encuentra en el FAFEF, dónde se detectó que se usó de forma indebida
recursos que iban destinados al pago de nómina de personal del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y para la compra
de medicamentos por 183.6 millones y 41.8 millones respectivamente.
Asimismo,
recientemente se reportaron irregularidades también en 2018, en el programa de
Escuelas al Cien del gobierno anterior. La ASF señala que estos recursos fueron
ejercidos sin elementos suficientes que puedan determinar la forma y
pertinencia del gasto. El recurso, que asciende a 836 millones 411 mil 900
pesos, muestra inobservancias a la normativa en materia de fiscalización y
rendición de cuentas con daños a los recursos de la federación. Se detectaron
inconsistencias en el IMIFE por hasta 4.4 millones de pesos.
Todo lo
anterior es, faltaba más, sin afectar las finanzas municipales ya que ninguna
de estas maneras de robar involucra el presupuesto, por eso ahí hay otra fuente
de corrupción: pedirle a contratistas de obras, comerciantes de productos y
prestadores de servicios que emitan facturas con montos mayores en un 15,25 y
hasta 50% por encima de su valor real, que termina en las manos del oficial
mayor, el tesorero o el titular de la oficina mas refrigerada del Palacio
Municipal. 
